La conocida banda portorriqueña ha anunciado hoy su apoyo a la campaña de Oxfam que pide al presidente paraguayo Horacio Cartes que entregue tierras a las familias y jóvenes de Curuguaty, víctimas de un grave caso de acaparamiento de tierras.
Calle 13 ha invitado a sus seguidores a convertir esta lucha por la tierra en “multiviral” firmando la petición en línea disponible en la web de Oxfam (http://www.oxfam.org/Curuguaty). En Paraguay, el acaparamiento de tierras ha expulsado a más de 500.000 jóvenes del campo.
El grupo de música Calle 13, ganador de dos Premios Grammy y 19 Grammys latinos, anunció hoy su apoyo a la campaña internacional “Jóvenes sin tierra = Tierra sin futuro” que reclama al presidente de Paraguay, Horacio Cartes, que entregue a las familias y jóvenes de Curuguaty las tierras del Estado que ha ocupado, de forma irregular, una empresa local dedicada a la producción de soja.
“En Latinoamérica la tierra está en manos de unas pocas personas y empresas que la explotan sólo en su propio beneficio. Tenemos que usar nuestro poder para que esto deje de ocurrir”, ha declarado el líder de Calle 13, René Pérez Joglar, quien ha pedido expresamente a la gente que firme la petición para que los jóvenes paraguayos de Curuguaty tengan tierra y, por lo tanto, futuro.
El director de Oxfam en Paraguay, Oscar López, ha celebrado la adhesión de Calle 13 a esta campaña organizada por Oxfam, las comunidades afectadas por el acaparamiento y la Articulación por Curuguaty. “El poder de la música y la gente pueden vencer cualquier injusticia en cualquier lugar del mundo”, dijo López. “Desde que se lanzó la campaña más de 10.000 personas de Europa y todo el continente americano han dado su adhesión. Confiamos que apoyos como este nos permitan que miles de personas más expresen su solidaridad”, añadió.
El respaldo de la banda fusión de rap y rock Calle 13 se extenderá durante la gira de conciertos denominada “Multiviral”, que luego de su paso por América Latina y Estados Unidos recorrerá España entre el 5 y 20 de julio de este año. No es la primera vez que Calle 13 se interesa por este caso. El pasado marzo, durante un concierto en la capital paraguaya, ya lanzó un mensaje de apoyo a las comunidades de Curuguaty, en respuesta al vídeo que grabaron las personas afectadas por el acaparamiento desde Marinakue, las mismas tierras estatales que demandan.
Paraguay encabeza la lista de países con la distribución de tierra más desigual de América Latina, junto a Guatemala y Colombia. Latinoamérica es el continente que en las últimas décadas ha expulsado más población del campo hacia la ciudad y donde 4 de cada 10 jóvenes vive en la pobreza. El caso Curuguaty ejemplifica la realidad de millones de jóvenes en la región, cuya falta de oportunidades para el futuro está vinculada a la disputa por el control del agua y la tierra, recursos estratégicos para la producción mundial de alimentos y energía.
Presentada apelación a rechazo de arresto domiciliario para los 5 huelguistas de hambre
Durante la noche de ayer viernes 11 de abril de 2014, a las 21:15 horas, en la ciudad de Salto del Guairá fue presentada la apelación para el arresto domiciliario solicitado para los cinco huelguistas de hambre del caso “Masacre de Marina kue”.
La apelación se hizo ante el rechazo del tribunal de sentencias de dicha ciudad a la revisión de medidas para los Felipe Benítez, Adalberto y Néstor Castro, Arnaldo Quintana y Rubén Villalba, los presos políticos de Marina kue que hoy cumplen 58 días de Huelga de Hambre.
La petición de una alternativa a la prisión preventiva que ahora cumplen en el Hospital Militar de Asunción implica otorgarles el arresto domiciliario, un gesto que puede contribuir a que replanteen la decisión de llevar la Huelga de Hambre a sus últimas consecuencias
El documento enfatiza el complicado estado de salud de los 5 huelguistas de hambre, que los coloca ante una muerte cierta, situación contemplada por el Código Procesal Penal como motivo para conceder arresto domiciliario, bajo la figura de estado de salud “terminal”. Y esa es la situación en que Felipe, Adalberto, Néstor, Arnaldo y Rubén se encuentran hoy.
Se hizo necesaria llevar la apelación a la ciudad de Salto del Guairá ante la negativa del tribunal de sentencia de constituirse –como se había mandatado en la resolución que rechazó el arresto domiciliario para los 5- en el Hospital Militar para verificar el estado de salud de los huelguistas.
La apelación es considerada por la Articulación Curuguaty (AxC) como una nueva oportunidad del Poder Judicial de hacer algo por salvar la vida de los cinco huelguistas sin quebrantar la voluntad de ellos ni los pactos internacionales que resguardan el derecho a hacer huelgas de hambre.
La AxC señala que la responsabilidad de lo que pueda acontecer con los cinco huelguistas está en manos de las autoridades judiciales, quienes hasta el momento han rechazado todas las peticiones que se han hecho para abrir caminos para salvar esas vidas.
El Dr. Carlos Portillo y el Abog. Hugo Valiente, del MNP (Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura) ingresaron en la tarde de ayer sábado al Hospital Militar para visitar a los presos políticos en huelga de hambre del caso Curuguaty, luego de haber esperado por más de 40 minutos.
Adalberto Castro, Néstor Castro, Felipe Benítez, Arnaldo Quintana y Rubén Villalba se encuentran aislados en el Hospital y sin posibilidad de acompañamiento permanente. Bajo una fuerte custodia de guardias de la cárcel y militares, Rubén y Néstor se encuentran en una habitación, y en otro cuarto están Felipe, Adalberto y Arnaldo. Además los presos comentan que son constantemente incitados a comer por parte de los uniformados.
Al respecto, el abogado Vicente Morales, representante de los presos, señaló que «las torturas en sus diversas formas, son inaceptables, son violaciones a los derechos humanos, no prescriben». La misma Constitución Nacional en su artículo 5° explicita que «Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes”.
Varias de las acciones realizadas estos días por mandato de las autoridades carcelarias o del Ministerio de Justicia, pueden ser consideradas torturas psicológicas: el hecho de separarlos, decirles que le llevarán a un lugar y trasladarlos a otro (las autoridades habían acordado con los presos su trasladado a un hospital que no fuera el Militar, sin embargo esto no sucedió).
El Dr. Portillo y el Abog. Valiente, del MNP, organización estatal autárquica, declararon que realizarán un informe detallado de lo visto y que contendrá también recomendaciones respecto al caso.
Los familiares de los presos, médicos independientes y la defensa técnica, de acuerdo a lo dicho esta mañana por las autoridades del Hospital Militar, sólo podrán ingresar a verlos en el horario de 16:30 a 17:00 hs.
Posteriormente, tras el ingreso del parlamentario Ricardo Canesse, a eso de las 22 horas, se informó que se podría ingresar a visitar a los detenidos de 11 de la mañana a 12:30, sólo si se formara parte de una lista que debe autorizar el Hospital Militar.
Es así como los familiares de los presos desconocen cuál es la situación de sus hijos y parientes en el hospital, debido a esta restricción. Ni siquiera pueden permanecer cerca.
Según la información dada por médicos del Hospital, las visitas y los acompañante se encuentran prohibidos debido a que los presos se encuentran en «terapia intermedia». Los militares retiraron «a punta de fusil» a la psicóloga Ada Caballero, quien asistía a Adalberto Castro, Felipe Benítez y Rubén Villalba.
En la noche alrededor de las 20:00 hs. negaron el acceso a Vicente Morales, abogado de los presos, hecho que constituye una clara violación al derecho a la defensa de todo ciudadano, que tienen derecho a tener permanente comunicación con su defensor.
La prensa sigue sin tener acceso a la información de fuentes primarias o directas, debido a que también tiene prohibido acercarse a los internados en huelga de hambre. Esto constituye un atentado a la libertad de expresión y prensa, ya que el ejercicio del periodismo, en cualquiera de sus formas, debe ser libre y no estar sujeto a ninguna autorización previa y las autoridades deben velar por ello.
La condena de culpabilidad debe ser como consecuencia de una actividad intelectual precisa, sin dudas, que debe ser consecuencia de la certeza; porque si solamente tiene una conclusión probable del hecho investigado o del autor, debe absolver; aun cuando en su fuero interno dude de la inocencia del encausado, por aplicación del principio constitucional de inocencia.
Cuando exista un cierto grado de duda, ante pruebas insuficientes y contradictorias, el órgano juzgador debe fallar a favor del encausado absolviéndolo o bien sobreseyéndolo; por aplicación del principio In dubio pro reo o favor rei. (ante la duda, a favor del reo).
El principio también puede relacionarse con la aspiración de justicia y de seguridad y con el temor de infligir pena a quien no es culpable.
Este principio actualmente se extiende a las resoluciones sobre libertad condicional, eximición, en aplicación de medidas sustitutivas o alternativas a la prisión preventiva y desde luego en la Sentencia Definitiva. El principio “IN DUBIO PRO REO” forma parte de la garantía de la libertad de las personas.
La “DUDA” es no afirmar ni negar, es una indefinición mental que no puede ser considerada en el proceso cuyo norte esencial es el encontrar la verdad real, circunstancia que se da mediante la certeza de la autoría y la culpabilidad del imputado.
El interrogante ¿QUÉ PASÓ EN CURUGUATY?, interpela a encontrar la verdad real en el Caso Curuguaty, sin embargo, la investigación oficial del Ministerio Público a cargo del fiscal Jalil Rachid y la legitimación de irregularidades en el proceso desde el Juzgado de Garantía a cargo de la Jueza Janine Ríos, quien tuvo a su cargo el control del proceso durante la investigación, siembra más dudas antes que orientarse hacia la búsqueda de la verdad real y de la certeza.
La búsqueda de la verdad es el norte tanto del proceso civil como el del proceso penal, con la diferencia de que en el proceso civil se busca la adecuación de los hechos a la verdad formal, a la verdad aparente. El proceso penal por su parte, dirige toda su investigación y su conclusión a la “verdad real”; es así que el Ministerio Público tiene la obligación de investigar y encontrar la verdad real, objetiva y material de los hechos que entran dentro del circulo de investigación, para dar al órgano jurisdiccional los elementos suficientes, una vez imbuido del convencimiento de estar ante la verdad real para dictar justicia.
¿Por qué hay dudas en la investigación del Ministerio Público en el Caso Curuguaty?
1- Porque hay ocultamiento de pruebas. Las pruebas observadas en el video, no fueron incluidas en la carpeta de investigación fiscal como pruebas. ¿A quiénes lo encubre el fiscal de la causa con el ocultamiento de estas pruebas?
3- Porque hasta la actualidad no está definido la titularidad de las tierras de Marina Kué, sin embargo, los procesados en la causa ya están acusados por Invasión de Inmueble Ajeno y tienen fijado fecha de Juicio Oral y Público para 26 de Junio hasta el 11 Julio del 2014. ¿Por qué los Directivos de Campos Morombi no están Imputados por Invasión de Inmueble Ajeno?. Teniendo en cuenta que ocupan y explotan un inmueble que no es suyo?. Abog. Vicente Morales: “La defensa ha planteado un incidente de prejudicialidad, con el cual el proceso debe ser suspendido hasta tanto esté decidido por resolución judicial quién es el titular de la tierra, para luego de ello proseguir con el juicio principal en relación con el hecho punible de invasión de inmueble ajeno”. (Informe de la CODEHUPY 2013).
4- Porque el fiscal de la causa no ha investigado la denuncia por presuntas ejecuciones extrajudiciales presentada por la defensa en relación a la muerte de los 11 campesinos. ¿Acaso la vida de los policías valen más que la vida de los campesinos? http://www.nanduti.com.py/v1/includeaudio.php?audios_id=121210&tipo=Nacionales
5- Porque no hay coherencia entre las pruebas ofrecidas por la fiscalía y la envergadura de los hechos, fallecieron 17 personas. http://www.cronica.com.py/online/articulo/8246-caso-curuguaty-fiscalia-presento-rarofilas-pruebas.html#.UyNrt_-14xI.facebook
6- Porque desapareció la filmación del helicóptero Robinson 44 que tenía una cámara de observación. Comisario Principal Roque Fleitas: “Hay muchos elementos”. ¿Qué se habrá registrado la cámara del helicóptero? http://nanduti.com.py/v1/noticiasmas.php?id=63210&cat=Policiales
7- Porque “la acusación construye hechos que necesita para criminalizar a las y los campesinos y llevarlos a condena sin argumentos. Esto es así porque solo se han tomado evidencias para robustecer cargos contra las personas procesadas; sin embargo, han sido omitidos todos los planteamientos y denuncias que se realizaron en su oportunidad –ocultamiento de pruebas, posibles ejecuciones–, evitándose una investigación consistente que podría haber llevado a otra conclusión”(Abog. Vicente Morales, informe de la CODEHUPY 2013). http://www.cardinal.com.py/noticias/el_abogado_vicente_morales_hizo_alusin_a_las_presuntas_ejecuciones_en_el_caso_curuguaty_hay_detalles_ocultos
Las diversas irregularidades y malos procedimientos expuestos, son los que llenan de “dudas” respecto a la búsqueda de la “VERDAD REAL” en torno al Caso Curuguaty y la restricción de libertad de personas inocentes con la injusta prisión preventiva.
Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre el tercer informe periódico de Para guay 2013.
Es importante recordar que a partir del examen realizado por el Comité de Derechos Humanos al tercer informe periódico de Paraguay (CCPR/C/PRY/3), en sesiones celebradas los días 11 y 12 de marzo de 2013, el Comité elaboró las observaciones finales y recomendaciones al Estado paraguayo, entre las cuales señaló su preocupación en torno a las irregularidades presentadas en el caso Curuguaty, y lo hizo en la observación N° 23 en los siguientes términos:
El Comité está preocupado por las alegaciones de importantes irregularidades en el accionar del Ministerio Público, la judicatura y las fuerzas de seguridad con ocasión del allanamiento en Curuguaty en junio de 2012. En particular, el Comité está preocupado por la información recibida que demuestra falta de imparcialidad e independencia en los procesos de investigación desarrollados (art. 6,7, 14).
Con relación a esta situación observada, el Comité recomienda al Estado:
Debe asegurar la investigación inmediata, independiente e imparcial de la muerte de 17 personas con ocasión del allanamiento de Curuguaty el 15 de junio de 2012, así como de todos los hechos vinculados que han sido denunciados por las víctimas, en particular torturas, detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales y posibles violaciones del debido proceso, incluyendo en el caso del adolescente condenado y de las dos mujeres en estado avanzado de embarazo en prisión preventiva.
Por todas la dudas e irregularidades, los 5 presos por el Caso Curuguaty, hoy con 52 días de huelga de hambre exigiendo un juicio justo, deberían ser beneficiados con la prisión domiciliaria, hasta que se definan los juicios pendientes en torno a la titularidad de las tierras de Marina Kué y hasta que existan las garantías para un Juicio Oral y Público justo.
El Pacto San José de Costa Rica es un Convenio ratificado por el Estado Paraguayo, jerárquicamente, en el orden jurídico nuestro, está por encima de nuestro Código Procesal Penal Interno y en su Artículo 7 reza:
Derecho a la Libertad Personal…..inc. 5. Toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable o ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso. “Su libertad podrá estar condicionada a garantías que aseguren su comparecencia en el juicio”.
Día 52 de la Huelga de Hambre de Felipe, Adalberto, Néstor, Arnaldo y Rubén
Carta abierta URGENTE al Presidente de la República
Detrás de un formalismo jurídico se pretende esconder una notoria injusticia y se pone en riesgo la vida, al tiempo que se generan nuevas víctimas en un círculo de muerte anunciada.
El Presidente de la República tiene la obligación de respetar y de garantizar los Derechos Humanos de todos/as los/as ciudadanos/as y es responsable jurídica, política y éticamente por el accionar de sus instituciones y de sus funcionarios/as.
La Constitución Nacional en su art.4º. consagra el derecho a la vida y el Art.25, la libertad ideológica y coincidentemente, estamos celebrando 25 años de vida democrática. En este contexto 5 campesinos, prisioneros de conciencia, están cumpliendo más de 50 días de huelga de hambre en reclamo de su libertad conculcada. Cinco vidas que corren peligro.
De darse el caso de la muerte de algunos de estos patriotas el gobierno paraguayo merecerá la condena nacional e internacional. La protesta e indignación se harán sentir en todo el país y en América Latina. El Presidente de la República será el responsable número uno de esta tragedia no deseada por la sociedad civil y será pasible de un JUICIO POLÍTICO.
Del 17 al 22 de abril del 2013 integré la Misión de Observación de Derechos Humanos de la SOA WATCH (Observatorio de la Escuela de las Américas) que realizó una visita a Curuguaty en mi condición de Premio Nobel Alternativo de la Paz y Miembro del Comité Ejecutivo de la Asociación Americana de Juristas.(AAJ).
A modo de antecedentes , destaco que 11 campesinos 6 policías murieron en un intento de desalojo que conllevó a una balacera en Marina Cue, Curuguaty. Esto ocurrió durante la incursión de una comitiva policial fuertemente armada al estilo de la dictadura de Stroessner. Los campesinos y campesinas habían ocupado las tierras alegando que habían sido usurpadas al Estado por parte del empresario y político stronista Blas N. Riquelme (nuevo rico exitoso).
Tras la matanza, la Fiscalía se abocó sólo a investigar a los campesinos. Hemos comprobado la total falta de imparcialidad e independencia en los procesos de investigación. Se llegó al colmo que en una audiencia pública en el Palacio de Justicia, Asunción, una Jueza presentó como prueba contundente la existencia de “papel higiénico”. Es una vergüenza nacional que los jueces y fiscales se hayan convertido en VERDUGOS a quienes debían resguardar o proteger.
La huelga de hambre es un modo de lucha NO VIOLENTA que realizan los inocentes campesinos paraguayos que reclaman justicia, es decir, inmediata libertad y el derecho a la tierra.
EN LA SALA DE SESIONES DE CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. 18 de junio del 2013 a las 11.oo en presencia de los Ministros de la Corte,el Juez Penal Arnaldo Fleitas, el Director de Archivo del Terror, Jose Agustín Fernandez, la Directora del MUSEO DE LAS MEMORIAS, Maria Stella Caceres, representantes de organizaciones Derechos Humanos y de la Dra.Liliana Valiña, Asesora en Derechos Humanos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas,hemos hecho entrega al entonces Presidente de la CSJ, Antonio Fretes, el resultado de la investigación en materia de Derechos Humanos en los Archivos de la Marina Nacional. En esa oportunidad también hemos entregado una copia del Decreto y el plano correspondiente que prueban que las tierras de MARINA CUE es propiedad del Estado Paraguayo. Eso es indiscutible.
Venimos a realizar una desesperada advertencia del peligro que corre la vida de los 5 prisioneros de conciencia, en consecuencia, reclamamos la inmediata libertad de los mismos y de conformidad al Art.39 de la Constitución Nacional exigimos el derecho a ser indemnizados tanto los huelguistas como sus familias que también sufrieron graves violaciones a sus derechos humanos por parte de las fuerzas policiales, militares, representantes judiciales y otros actores sin identificar que determinaron y llevaron a cabo la masacre en el campo de Marina Kue en el acto de terror más grave de los 25 años de democracia y en los 22 años de P en el cumplimiento de los artículos 114,115 y 116, que consagra el Derecho al acceso a la tierra y establecen la Reforma Agraria.