Escrache a Rachid
La semana del 28 de agosto se realizó un escrache al ex fiscal de la causa Jalil Rachid, en el que se le hizo entrega el diploma de Payaso. El echo ocurrió en la UCA y este es el testimonio:
La semana del 28 de agosto se realizó un escrache al ex fiscal de la causa Jalil Rachid, en el que se le hizo entrega el diploma de Payaso. El echo ocurrió en la UCA y este es el testimonio:
La Mesa Directiva, presidida por el Senador Roberto Acevedo, junto Senadores de distintas Bancadas, mantuvo esta mañana un encuentro con el Relator para Paraguay de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Sr. Paulo Vannuchi, para dialogar acerca de la intención del Senado de conformar una Comisión Especial de investigación del proceso Marina Kue – «Masacre de Curuguaty», e, igualmente, se abordó el caso del Pueblo Ayoreo, en el Chaco Paraguayo.
Del encuentro participaron los senadores Roberto Acevedo, presidente de la Cámara Alta; Hugo Richer, titular de la Comisión de Derechos Humanos, Miguel López Perito, de la Comisión de Economía; Blanca Ovelar, de Cultura; Fernando Lugo, de la Conaderna; y Sixto Pereira, de Reforma Agraria.
Concluida la reunión, el presidente del Senado, Roberto Acevedo, señaló que informaron al Relator de CIDH, Paulo Vannuchi, de la Comisión Especial de Investigación externa en torno al caso de Curuguaty -que derivó en la matanza de 6 policías y 11 campesinos en el año en el año 2012- y el proceso penal por el que se condena a once personas a altas penas carcelarias, sentencia que ha sido apelada, por lo que el caso sigue abierto.
“Como saben, tengo una Resolución del Congreso (aprobada en este mes de agosto) donde me piden conformar una comisión investigadora para aclarar todo el proceso judicial de Curuguaty, y también hemos solicitado el apoyo de ellos (CIDH) para ayudarnos en ese objetivo”, refirió.
Acotó que Vannuchi valora la iniciativa del Senado, y que existen posibilidades de colaboración con el organismo investigativo.
“No tienen un juicio de valor, pero sí pueden brindar un apoyo para lograr constituir esa comisión”, apuntó Acevedo.
Se trata, sostuvo, de investigar las denuncias de violaciones de los derechos humanos relacionadas al caso Marina Kue.
En tanto el senador Hugo Richer indicó que Vannuchi dijo que en caso de que Paraguay resuelva solicitar ayuda a la CIDH sobre este punto, primeramente debe existir un acuerdo entre los Poderes Legislativo y Ejecutivo, conforme se establece en los Tratados Internacionales que rigen la materia.
“Él (Vannuchi) se mostró interesado en que el presidente del Senado converse con el presidente de la República, porque así estipulan los tratados internacionales; obviamente ellos podrían cooperar en ese sentido, si está involucrado el Poder Ejecutivo”, remarcó.
El otro tema de preocupación conversado entre los legisladores y el Representante de la CIDH es el caso de los Ayoreo Totobiegosode, cuyas tierras están siendo invadidas y devastadas en complicidad con algunas instituciones estatales.
“Hay cuatro recomendaciones de la CIDH al Estado Paraguayo sobre ese caso. Ninguna de esas recomendaciones ha sido implementada hasta ahora por el Poder Ejecutivo. Es más, hay licencias ambientales, en ese caso confirmadas por Secretaría del Ambiente, pese a que existe una resolución judicial, todo lo cual expone al Paraguay a posibles sanciones internacionales”, significó Hugo Richer.
“Hemos hecho las recomendaciones al Estado Paraguayo, no se ha cumplido, no se ha avanzado absolutamente nada en ese sentido, y le hemos dado documentos (al Relator de la CIDH) que confirman esa denuncia”, expresó el legislador.
Explicó que las recomendaciones hacen referencia a la necesidad de frenar la deforestación en el territorio ayoreo, de la cual se sindica a una empresa privada denominada Yaguareté Porá; en segundo lugar, a evitar la presencia de terceros en la zona; establecer un protocolo para el caso de avistamientos de nativos silvícolas; y, un protocolo para la protección de toda el área.
“Ninguno de esos elementos han sido impulsados por el Poder Ejecutivo, pese a esta resolución de la CIDH que afecta al Estado Paraguayo”, concluyó.
Esta mañana, en el marco del tercer aniversario del gobierno de Cartes, y a 50 meses de la masacre de Curuguaty, que hoy tiene encerrados en Tacumbú a cuatro presos políticos, el pueblo paraguayo salió a las calles a exigir libertad y justicia para Marinakue y la renuncia del presidente Cartes.
El Estado paraguayo tiene 3 meses de plazo desde el pasado 29 de julio para responder a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el conocido como Caso Curuguaty.
Hace unos días se recibió formalmente la admisión a trámite de la denuncia presentada el 23 de marzo de 2014 ante la CIDH, en la que se denunciaba al Estado paraguayo por violaciones de los siguientes derechos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos:
1.- Derecho a un proceso con garantías judiciales (artículo 8), por las múltiples violaciones perpetradas durante la parcial investigación desarrollada por el fiscal Jalil Rachid, ya que de manera unidireccional se criminalizó a los campesinos cercenando sus garantías procesales mínimas. Ejemplo de ello fue la ocultación de pruebas, la manipulación de otras e incluso la inclusión de evidencias que nada tenían que ver con el caso.
2.- Derecho de acceso a la justicia (artículo 25), ante la negativa del Estado paraguayo a investigar las denuncias presentadas por ejecuciones extrajudiciales, intentos de desaparición forzada, torturas, denegación de auxilio y detenciones arbitrarias.
Desde un principio hemos recibido apoyo en diferentes partes del mundo. Varias organizaciones sociales y personalidades defensoras de los Derechos Humanos se han pronunciado contundentemente en relación al caso Curuguaty, expresando su categórico rechazo a un proceso viciado de irregularidades que ha terminado con una sentencia condenatoria manifiestamente injusta.
Hoy, una vez más, volvemos a apelar a la solidaridad de las distintas organizaciones solicitando su respaldo en carácter de «amicus curiae» a la causa que se ha abierto en la CIDH. Adjuntamos Modelo de petición para cumplimentar con el nombre de su asociación y firma. Los escritos enviados deben referenciar en el Asunto que se trata de «Respaldo en forma de «amicus curiae» en relación a la Petición con número de registro P-1950-14 (Caso Curuguaty)». Los mismos deberán enviarse al email: «cidhdenuncias@oas.org».
Los masivos apoyos serán trascendentales en estos días. Somos conscientes de que esta causa ha llegado hasta este punto gracias al apoyo que hemos recibido en otras ocasiones.
En caso de precisar alguna aclaración déjenos un mensaje y nos pondremos en contacto.
¿Cómo enviar el respaldo?
Mañana 2 de agosto a las 10:00 horas el ciudadano OSVALDO ORTIZ FAIMAN bajo patrocinio de la Coordinadora de Abogados del Paraguay, presentará un recurso de AMPARO CONSTITUCIONAL contra la Corte Suprema de Justicia, debido a la negativa de la máxima instancia judicial de proveer copias de las grabaciones de las audiencias del juicio oral y público del caso conocido como la Masacre de Curuguaty.
La solicitud cuya revisión se solicita vía amparo fue tramitada ante la Dirección de Transparencia y Acceso a la Información del Poder Judicial, primeramente, el pedido fue denegado por un Auto Interlocutorio (A.I. Nro. 128 del 9/06/16) dictado irregularmente por el Tribunal de Sentencia de Salto del Guairá, sin que el solicitante, sea parte del proceso, y posteriormente por la Corte Suprema de Justicia tras el rechazo de un Recurso de Reconsideración deducido ante dicho organismo.
Las grabaciones de la audiencia pretenden ser utilizadas en un documental que da continuidad a otros desarrollados por el Sr. OSVALDO ORTIZ, entre ellos, “DESMONTANDO CURUGUATY” un audiovisual disponible en Internet y otros formatos.
“La idea de este amparo es no dejar sentado un precedente, donde se permita que las instituciones públicas realicen “reservas legales” en el acceso a las fuentes públicas de información, puesto que, consentirlo sería simplemente ir matando de a poco una herramienta muy importante como lo es la LEY 5282/14 “DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACIÓN PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL”; para juzgar y opinar sobre los actos y resoluciones de los funcionarios públicos. La única manera de ejercer nuestro derecho constitucional a la libre crítica a los fallos judiciales es informándonos y para ello es preciso contar con los elementos de juicio y el acceso irrestricto a documentos públicos”, señaló la abogada KATTYA GONZALEZ, Presidenta de la Coordinadora de Abogados del Paraguay